La Secretaría de Seguridad Pública
de Veracruz admitió que durante el desalojo de la plaza Lerdo el pasado 14 de
septiembre hubo agresiones de parte de elementos de la policía estatal en
contra de reporteros y manifestantes, esto al aceptar la recomendación de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que sancione administrativamente a los
30 elementos que la SSP reportó que participaron en el desalojo, además d que
otorgue capacitación a sus elementos.
En respuesta a la recomendación, la
SSP ha han sancionado administrativamente a los policías que participaron y
posteriormente se determinará la situación de cada uno de ellos de acuerdo a
los resultados de las demandas penales que existen al respecto: 3 en la Procuraduría
de Justicia del Estado y 4 ante la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos en contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
La recomendación se emitió al
conjuntar la investigación de oficio de la CEDH y la interpuesta por maestros
que resultaron afectados con golpes, y periodistas que además de la agresión
física sufrieron el robo de equipo de parte de los elementos policiales.
Lo anterior fue resultado de la tercera
mesa de diálogo para atender la demanda de justicia de los periodistas agredidos
el pasado 14 de septiembre.
En un comunicado
firmado por el grupo de periodistas “Libertad bajo palabra”, informaron que en
dicha reunión participaron el secretario de Gobierno, Erik Lagos; los diputados
que integran la Comisión Legislativa de Atención y Protección a Periodistas:
Gabriela Arango Gib, Eduardo Sánchez Macías y Juan Eduardo Robles Castellanos;
el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Federico
Rivas Valdez; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fernando
Perera Escamilla; el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y Comunicadores
(FEADLE), José René Álvarez Márquez; el encargado de Despacho de la Dirección
General de Investigaciones Ministeriales, Enoc Gilberto Maldonado Caraza; la
secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección a
Periodistas (CEAPP), Namiko Matzumoto Benítez; el director jurídico de
Contraloría del Estado, Gerardo Ramos; así como un representante del delegado
de la Procuraduría General de la República, Santiago Ceballos. También
estuvieron presentes los periodistas Melisa Hernández, Raúl Méndez, Itzel
Villa, Ricardo Matus, Rosalía Hernández, Rubén Espinoza, Norma Trujillo y Roger
López.
Como testigos de
esta mesa también estuvieron los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC),
Cuauhtémoc Pola Estrada y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús
Alberto Vázquez Flores.
En la mesa también
se cuestionó el trabajo que ha realizado la Comisión Estatal de Atención y
Protección a Periodistas (CEAPP), debido a que en algunos otros casos de
agresiones sufridas por comunicadores de diversas partes de la entidad
veracruzana sólo forman parte de las estadísticas sin que hayan recibido una
atención real. Además, se le se le hizo hincapié sobre los errores que ha
tenido la comisión a través de su área jurídica, que en un caso en específico
en lugar de defender al fotoperiodista agredido el 14 de septiembre instó que
el agraviado recibiera un recurso económico por el robo de su cámara, en lugar
de proceder a la demanda, por lo que se acudió ante la instancia de justicia
federal.
En el caso de la
reportera Norma Trujillo Báez se dio a conocer que ha interpuesto denuncia ante
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra la Libertad de
Expresión (FEADLE) en contra de quien resulte responsable de las amenazas y
hostigamiento a su labor periodística.
Entre otras cosas, en la mesa se
solicitó al secretario de Gobierno, Erick Lagos, que se tomara en cuenta la
opinión de periodistas para integrar protocolos de seguridad en la cobertura de
manifestaciones y otros trabajos de riesgo a fin de que se respete la labor de
los reporteros.
Finalmente, el grupo de periodistas
“Libertad bajo palabra” remarcó que se trata de varios comunicadores que sólo
buscan el respeto al ejercicio constitucional y derecho humano de la libertad
de expresión sin intereses oscuros ni económicos.
